Magistrada Nayarita señalada de desvío de 15 millones de pesos, disfruta de tres partidos del mundial.
La asistencia de una magistrada nayarita a la Copa del Mundo 2026 desató una nueva ola de críticas en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes de su presencia en varios partidos del torneo en México y Estados Unidos. En publicaciones que circularon ampliamente, usuarios cuestionaron si este tipo de viajes, vinculados a la exposición pública de figuras del Poder Judicial, resultan compatibles con la imagen de austeridad y con las obligaciones de rendición de cuentas.
De acuerdo con la información difundida, la funcionaria —Irina Graciela Cervantes Bravo— compartió fotografías y contenido de su asistencia a tres encuentros: España vs. Uruguay en Guadalajara, Marruecos vs. Países Bajosen Monterrey y Marruecos vs. Canadá en Houston, Texas.
El debate no se limita al viaje. En 2022, la magistrada fue señalada en el contexto de una denuncia atribuida a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por un presunto desvío cercano a 15 millones de pesos durante su etapa en el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. Según lo que se reportó entonces en diversos medios, los recursos habrían sido destinados —de manera presuntamente irregular— a servicios médicos, bonos, estímulos económicos y pago de horas extras.
Tras la reaparición del tema en redes por sus recorridos mundialistas, las preguntas sobre el origen de los recursos utilizados para trasladarse y asistir a los partidos volvieron a tomar fuerza.
Hasta el momento, no existe información pública consolidada que permita confirmar si los boletos, traslados o gastos derivados de la asistencia a los partidos fueron cubiertos con recursos públicos. Tampoco se reporta, en lo que circula de forma abierta, un posicionamiento detallado de la magistrada sobre cómo se financiaron esos viajes.
En redes, el señalamiento se enmarca dentro de exigencias más amplias sobre austeridad, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en el contexto posterior a la reforma que impulsó la elección de jueces y magistrados mediante voto ciudadano.
La conversación continúa mientras persisten dudas sobre el manejo del tema financiero y la trazabilidad de los gastos. Por ahora, el caso mantiene el foco en el contraste entre la participación de una figura judicial en eventos de alto costo y las exigencias públicas de claridad sobre el uso de recursos y el cumplimiento de estándares institucionales.
About The Author
